Hoy es Cinco de Mayo, pero dudo que los mexicanos en el estado de Arizona tengan ganas de festejar, ya que la gobernadora del estado acaba de firmar una ley que institucionaliza el racismo. No hay duda que la ley es fundamentalmente racista, ya que depende de criterios raciales para identificar y reprimir una clase de personas de una etnia en particular. Ha habido en Arizona otros casos de represión y hasta de deportación (los famosos secuestros de mineros en Jerome y en Bisby, por ejemplo), pero la codificación legal de lo que antes era llevado a cabo por actores privados (aunque casi siempre con la colaboración o la aprobación tácita del estado) parece ser algo nuevo y diferente.
Me pregunto si está legalización de la discriminación racial (o criminalización de una raza) no tendrá otras causas que no sean el racismo. Es decir, es innegable que SB1070 responde a impulsos racistas y que hasta los patrocinadores de la ley tienen vínculos a grupos supremacistas. Ya Rachel Maddow nos los ha enseñado. Pero no debemos perder de vista que hay factores económicos que están en juego.
La crisis económica que vivimos engendra una radicalización de las medidas de austeridad preferidas por el neoliberalismo. Desde finales de la década del 60, el capitalismo se enfrenta a una crisis de valorización. De esa crisis surgió el neoliberalismo, como respuesta a la necesidad (absoluta, desde la perspectiva de la valorización) de subvencionar los circuitos del capital con fondos pirateados del sector público (así disminuyendo la parte de plusvalía destinada a la reproducción social) y de eliminar las últimas restricciones, tanto al libre movimiento del capital a través de fronteras, como a la especulación, ya que la falta de valorización real tuvo que ser compensada por el crecimiento desmedido del capital ficticio, o sea, el crédito. De ahí las burbujas financieras que ahora son parte de la “naturaleza” de la economía actual.
Por una parte, entonces, la fluidez del capital, cada vez más necesaria, requiere una fluidez de la fuerza de trabajo. No es casual que el número de inmigrantes que cruza nuestra frontera sureña haya aumentado desde el inicio de NAFTA, pacto neoliberal que empobreció aun más a las zonas campesinas de México. Las medidas de seguridad en pos del 11-9 han canalizado el flujo de migrantes en Arizona, que se ha convertido en zona álgida del debate inmigratorio, con la aparición de toda clase de vigilante, patriota e ignorante en el Desierto de Sonora. Pero, por otra parte, el neoliberalismo, con su lema de “siempre privatizar,” va reduciendo servicios públicos en nombre de la eficiencia. En realidad, esos servicios tienen que desaparecer para que las corporaciones puedan seguir recibiendo respiración artificial en forma de subvenciones.
Mientras haya gente necesitada de servicios públicos de salud, transporte, etc., recortar esos servicios parece una medida sumamente cruel. Pero todo cambia si esa gente, o una parte de ella, es “ilegal.” Ahora no es el estado que abandona a unos seres humanos cuyo apoyo laboral fue solicitado por el mismo estado y las empresas asentadas allí, sino que los pobres trabajadores ya son unos parásitos que impiden los recortes (lamentables, pero inevitables según el oráculo mercado) y que empobrecen a los “legítimos” residentes del estado, quitándoles el trabajo, congestionando las calles. O sea, se les atribuye a los inmigrantes toda clase de males, en una réplica americana del antisemitismo. Y en cuanto a los residentes “legítimos,” entre ellos (los indígenas) el desempleo sobrepasa el 50%, en buenos tiempos y malos, y nadie ha reclamado sus derechos.
Así el neoliberalismo, presto siempre a socorrer la valorización capitalista pero nunca a un ser humano, coacciona los sentimientos racistas de los residentes blancos (quienes deben de ponerse al lado de los inmigrantes latinos) para poder dar el coup de grace a partes significativas del sector público que mantiene a flote a todos en esta época de desempleo y sueldos estancados. El cinismo no tiene límites, pero la estrategia es eficaz: contar con que el odio racial trasciende el interés común que todos deben tener en mantener lo social–la salud, la educación, los centros comunitarios, las infraestructuras y hasta la posibilidad de reproducir nuestra existencia en generaciones futuras–frente a lo antisocial, el capital.
